En nuestro país, el alcohol es el responsable de al menos uno de cada cuatro incidentes de tránsito graves; según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la siniestralidad vial es la principal causa de muerte en personas menores de 35 años. Entonces, legislar y proponer los medios necesarios para disminuir al mínimo estas eventualidades es clave. Por esto es que la ANSV describió como un hito para la seguridad vial lo acontecido el jueves: con su aprobación, la Cámara de Senadores convirtió en ley nacional el Alcohol Cero al Volante.

“Argentina dio un paso histórico en materia de seguridad vial, que deberemos acompañar con más controles y más compromiso, por eso vamos a estar a disposición de cada provincia y municipio para brindarles los recursos necesarios y trabajar juntos en algo fundamental, que es salvar vidas”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

En 13 provincias y en más de 50 ciudades del país ya existen normas de este tipo. Y todas con buenos resultados. Tucumán, en tanto, sancionó en 2016 la ley provincial 8.848, que prohíbe “en todo el territorio de la Provincia, conducir cualquier tipo de vehículos, habiendo consumido bebidas alcohólicas en cualquier cantidad”.

Recapitulando

El proyecto de ley nacional se presentó en 2021; se elaboró en conjunto con varios con asociaciones de familiares de víctimas del tránsito. La propuesta fue apoyada por varias provincias, entre ellas la nuestra: en aquel momento, Benjamín Nieva (que era secretario de Tránsito de la Provincia) explicó que la experiencia de Tucumán reflejaba “que la tolerancia cero al volante influye positivamente en los conductores para que no tomen alcohol antes de manejar, ya que a veces el límite de 0,5 permite la especulación y eso implica un gran riesgo”. La idea -lograda ahora- era replicar eso en todo el país.

¿Se modifica algo?

Como Tucumán posee una medida preexistente, la pregunta es lógica: ¿cambia algo en la provincia con la nueva ley?

“Con la normativa nacional, lo que cambia es que la falta se considera federal y va a ser de aplicación en cualquier sistema. Para nosotros no representa un cambio sustancial; las provincias que no tenían una ley así son las que van a sufrir la adaptación”, explicó a LA GACETA el radical Jose Ricardo Ascárate, que integra la comisión de Obras Servicios Públicos, Vivienda y Transporte de la Legislatura de Tucumán. “Existiendo ahora una ley nacional, de mayor jerarquía, lo conveniente será adherirse y seguir aplicando la provincial. Conviene porque hay espacios, como algunas rutas, que son jurisdicción nacional”, añadió.

En que no habrá cambios sustanciales coinciden Enrique Romero y Nicolás Juárez Dappe, funcionarios municipales de Tránsito de la capital y de Yerba Buena, respectivamente. “Hay que ver con qué características viene la ley, pero en principio no haría falta realizar cambios. Ya venimos con la ley provincial y con controles bastante efectivos -destacó Romero-; el último fin de semana tuvimos 52 alcoholemias positivas”.

En Tucumán, cada municipio se encarga de la realización de los controles de alcoholemia. “Nosotros tenemos equipo propio, pero la Provincia también hace controles -explicó Juarez Dappe-; ya venimos trabajando con la ley 8.848, que es muy clara en relación a la alcoholemia cero, y venimos incautando entre 10 y 15 autos por fin de semana. La injerencia de la nueva ley para nosotros es casi nula; afectará a provincias como Buenos Aires, que todavía tenían un máximo de 0.5 en los controles”.